¿Y los niños, señor Presidente?

“En un país que se proclama potencia de vida, los niños siguen siendo invisibles. Mientras más de 560.000 menores padecen desnutrición crónica, otros son víctimas de trata, mendicidad forzada o reclutamiento ilegal, sin que exista una respuesta real del Gobierno. Hoy, más que nunca, el Congreso tiene la oportunidad de asumir el liderazgo que el Ejecutivo ha dejado vacío, legislando con rigor y empatía por quienes no tienen voz: los niños, el presente y el alma de Colombia.”

Después de varios días dedicados a evidenciar la desconexión entre la política colombiana por parte de los partidos que decían iban a ser la diferencia por sus valores y que a la hora de conocer el poder se volvieron peores que los tradicionales,  la realidad que enfrentamos, resulta urgente hablar de una verdad incómoda, incluso molesta para un gobierno que se autoproclama “potencia mundial de la vida”, pero que ha fallado gravemente en proteger a los más vulnerables: los niños.

En este país que avanza a golpes de titulares, las crisis humanitarias se apilan. La desnutrición infantil en La Guajira se ha vuelto un símbolo de abandono estructural. Según el DANE, en su informe de pobreza multidimensional 2024, más de 560.000 niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica. Es un número devastador, pero no es el único que debería encender alarmas.

Existen otras realidades que, por incómodas o complejas, permanecen en la sombra: la trata de niños, ya sea a través de vientres subrogados sin regulación, su uso para mendicidad, o peor aún, su vinculación forzada a redes de explotación sexual o grupos armados ilegales. Son temas que muchos prefieren no mencionar porque interpelan directamente al Estado, a las instituciones, y a una parte de la clase política.

En cuanto a la gestación subrogada, Colombia carece de cifras oficiales. La única estimación pública son los 16 casos registrados internacionalmente en 2020, es apenas un indicio de una práctica que está creciendo silenciosamente. He sido testigo directo de irregularidades en algunas EPS y clínicas privadas, e incluso presenté una queja formal sin respuesta. Es una problemática que se ignora, mientras algunos lucran con el vacío legal y el desinterés institucional.

El uso de niños en mendicidad también es evidente. Solo en Barranquilla se reportan más de 3.000 menores, y si se suman otras ciudades, superamos los 5.000 casos, según datos del DANE y el ICBF. Es una tragedia cotidiana que transcurre frente a nuestros ojos, mientras seguimos debatiendo leyes que no tocan esta realidad.

El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales es otro crimen persistente. Desde 2022 hasta hoy, se han documentado al menos 937 casos de niños reclutados, y 437 han sido rescatados, según cifras del Ejército Nacional y la ONU. El resto de esos niños sigue bajo control de estructuras criminales, sin que exista una política contundente de prevención o rescate.

Y no podemos callar frente al flagelo de la explotación sexual de menores. El ICBF y la Policía informaron que en 2023 se abrieron 2.257 procesos por delitos relacionados con explotación sexual comercial infantil. Entre 2019 y 2023, más de 1.700 menores fueron ingresados al sistema de restablecimiento de derechos por estos hechos. La Procuraduría, por su parte, reportó 709 casos de trata de personas entre 2020 y 2023, con un aumento del 400 % en el grupo de 12 a 17 años.

¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está la respuesta del Ejecutivo? Muchos de los recursos destinados a la infancia terminan desviados a otros fines. El discurso se llena de promesas, pero la ejecución es escasa o corrupta. Como dijo hace poco la representante Lina María Carrillo, quizás habría que regalarle al presidente un cuadro con cada problema del país para que baje del país de las maravillas y aterrice en la Colombia real.

Sin embargo, en medio de todo este panorama, hay una esperanza en el poder legislativo. No todo está perdido. Aunque algunos congresistas también han guardado silencio o presentado proyectos vagos y desconectados, existen otros que sí están comprometidos, que trabajan de la mano con organizaciones sociales, con datos en la mano y con voluntad de acción. A ellos debemos reconocerlos y respaldarlos.

El Congreso, como poder independiente, tiene la posibilidad y la responsabilidad de actuar cuando el Ejecutivo no responde o cuando se apropia de los recursos con fines ajenos al bienestar común. Es desde la rama legislativa donde puede construirse una agenda real, seria y comprometida por la protección de la niñez. Y esa agenda no debe postergarse más.

Porque los niños no son solo el futuro: son el presente, y cada niño violentado o abandonado es una herida profunda para toda la nación. Cuidarlos no es solo una tarea institucional, es una causa ética. Ellos son el alma de nuestras familias, el motor de alegría de nuestras comunidades y el reflejo de lo que somos como sociedad.

Es tiempo de que Colombia despierte. Que pongamos a los niños en el centro, no del discurso, sino de las decisiones. Que las leyes tengan contenido, que los recursos se ejecuten con transparencia, y que ninguna niña o niño tenga que sufrir lo que hoy estamos tolerando como si fuera normal.

Porque donde se ignoran los derechos de los niños, se apaga la esperanza de un país justo.