COLOMBIA NO PUEDE SEGUIR PERMITIENDO EL ODIO CONTRA CRISTIANOS Y CATÓLICOS: ESTE ATAQUE NO PUEDE QUEDAR IMPUNE
El reciente video difundido por su autora, donde insulta y estigmatiza a cristianos y católicos llamándolos “narcisistas”, “manipuladores” y “violentos”, no es crítica social: es un ataque directo contra la fe mayoritaria del país. Este discurso discriminatorio exige acciones inmediatas por parte del Congreso y los concejos municipales para proteger la libertad religiosa y frenar la normalización del odio anticristiano y anticatólico.
La autora del video asegura que la religión es “un imán de narcisistas”, que los creyentes usan la Biblia “como escudo antibalas para manipular”, y que los cristianos de derecha “quitan derechos, roban plata y maltratan”
No estamos ante un análisis: estamos ante un acto deliberado de desprecio hacia cristianos y católicos por igual. Convertir la espiritualidad de un pueblo entero en burla es una forma de violencia simbólica profundamente peligrosa.
En Colombia, la fe cristiana y católica no es una decoración cultural: es una parte esencial de la identidad nacional, de la estructura familiar y de la vida comunitaria. Miles de voluntarios, madres, jóvenes, fundaciones y líderes sociales —cristianos y católicos— sostienen barrios, atienden migrantes, cuidan ancianos y acompañan enfermos. Reducirlos a estereotipos perversos no solo es injusto: es un ataque directo a la dignidad humana.
Si alguien se atreviera a decir que “los indígenas son narcisistas”, “las mujeres manipulan” o “los afrodescendientes roban”, el país entero reaccionaría con indignación. ¿Por qué entonces sí se permite y celebra cuando la burla se dirige a cristianos y católicos? La discriminación no cambia de naturaleza según el grupo al que se ataque. El odio no es aceptable, ni progresista, ni moderno: es simplemente odio.
Este tipo de contenidos acelera la polarización social y alimenta un anticristianismo y anticatolicismo que se está normalizando silenciosamente. La Constitución protege claramente la libertad de culto (artículo 19) y la Ley 133 de 1994 prohíbe cualquier forma de discriminación por motivos religiosos. Y aunque el video no constituye delito penal, sí representa un acto de discriminación simbólica hacia cristianos y católicos, grupos que merecen la misma protección que cualquier otro colectivo.
Ante esto, el Senado, la Cámara y los concejos distritales y municipales no pueden guardar silencio. Deben pronunciarse de forma clara y pública rechazando el odio contra cristianos y católicos. Deben citar a debates de control político a MinInterior y MinTIC para exigir protocolos reales que protejan a las comunidades de fe en redes sociales. Deben promover la actualización de la Ley 133 de 1994 para incluir sanciones pedagógicas, mecanismos de rectificación y herramientas frente al odio digital religioso.
Igualmente, las autoridades políticas pueden solicitar respetuosamente que la autora del video rectifique, no como castigo, sino como acto de responsabilidad social hacia la comunidad que agredió. Quien comunica masivamente tiene el deber de medir su impacto. También corresponde a los concejos municipales promover campañas de convivencia interreligiosa para evitar que crezca la hostilidad hacia cristianos y católicos en espacios digitales y presenciales.
Colombia no puede aceptar como normal que se ataque a cristianos y católicos bajo el disfraz de crítica social. El respeto debe ser parejo para todos, no selectivo. La fe de millones de colombianos merece la misma dignidad que cualquier otra causa. No se trata de censurar, sino de recordar que la libertad de expresión no otorga licencia para humillar a quienes creen. Defender a cristianos y católicos es defender la paz social, la convivencia y la esencia espiritual del país. Guardar silencio sería un acto de complicidad.