"Ciudadanos de Primera, Segunda y Ninguna: La Farsa de la Igualdad en Colombia"

“En Colombia, la igualdad ante la ley es más un eslogan que una realidad. La ciudadanía se ha dividido en tres clases: los que tienen todos los derechos, los que sobreviven con migajas institucionales y los que simplemente no existen para el Estado. Esta clasificación, lejos de disminuir, se ha profundizado bajo un gobierno que prometió unidad y justicia social, pero terminó alimentando la exclusión y el desencanto.En vísperas de un nuevo año electoral, la democracia se debilita ante la evidencia de que no todos los ciudadanos valen lo mismo. ¿Es posible reparar esta fractura desde un poder cada vez más individualista?

En Colombia, la idea de que todos somos iguales ante la ley se ha convertido en una mentira bien vestida. Existe una ciudadanía de primera clase, que vive en centros urbanos con acceso a derechos plenos, protección institucional, voz política y visibilidad mediática. También hay una ciudadanía de segunda clase: la de los habitantes rurales, comunidades étnicas, migrantes, personas pobres, víctimas del conflicto, desplazados y trabajadores informales, quienes reciben derechos recortados, servicios precarios y estigmatización constante. Finalmente, está la ciudadanía de "ninguna clase": quienes ni siquiera cuentan para el Estado, salvo cuando se convierten en cifra electoral o en problema de orden público.

Este no es un fenómeno nuevo, pero sí es uno que ha empeorado. A pesar de los discursos de inclusión y justicia social, la estructura institucional colombiana sigue distribuyendo derechos y dignidades de forma desigual. Mientras unos acceden fácilmente a la justicia, la salud, la educación y la representación, otros deben conformarse con la promesa de que algún día podrán tener lo que la Constitución ya les garantiza en el papel.

Numerosos pensadores han advertido que cuando hay ciudadanos de segunda, la democracia misma se desfigura. Nancy Fraser hablaba del "reconocimiento desigual" como una forma de injusticia, y Boaventura de Sousa Santos lo decía sin rodeos: no hay democracia real donde hay ciudadanías clasificadas. Colombia ha normalizado esta jerarquía, disfrazándola de diferencias culturales, geográficas o presupuestales, cuando en realidad es una elección política de exclusión sistemática.

Esta clasificación ciudadana tiene consecuencias devastadoras: deslegitima las instituciones, alimenta la desconfianza social, promueve la abstención electoral, debilita el tejido nacional y perpetúa el resentimiento entre clases, regiones y sectores sociales. Y todo esto ocurre justo antes de un nuevo ciclo electoral, en el que nuevamente se venderán promesas de igualdad que no se cumplirán.

Resulta especialmente grave que este deterioro ocurra bajo un gobierno que llegó al poder con la promesa de unir a Colombia, superar las exclusiones históricas y gobernar para los ninguneados. Sin embargo, el resultado ha sido lo contrario: hoy la división es más profunda, la ciudadanía más estratificada y el desencanto más extendido. ¿Podrá haber una solución real dentro de un gobierno que ha demostrado ser más individualista que de cambio?

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